EDITORIAL
La Constitución de la República del Ecuador determina que a ninguna persona se le coartará su derecho a la libertad de información, expresión y opinión bajo circunstancia alguna. El acceso a la información veraz, verificada, contrastada, oportuna, contextualizada, plural, es un derecho, por lo tanto, es obligación del Estado garantizarlo.
En el tema comunicacional, a nivel planetario, muchos miles de hombres y mujeres se involucran, sea como profesionales en los medios televisivos, radiales, de audio, video e impresos, sea como empresarios, creadores, articulistas y otras formas de desarrollar esta tarea de importantes repercusiones en la sociedad.
La reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada con los votos del correìsmo, `pretendió resucitar los mismos argumentos de hace una década, del régimen cuasi dictatorial vigente para oficializar la censura y acorralar al periodismo profesional. La Corte Constitucional dio un alto a este pretendido abuso.Se considera que la libertad de prensa es la libertad de información que, a su vez, es un derecho humano fundamental de todos los seres humanos. Lamentablemente, muchos gobiernos totalitarios, a lo largo de la historia, desde la invención de la imprenta a mediados del SXV, han coartado ese derecho y han puesto trabas para el libre ejercicio comunicacional al servicio de la colectividad.
En democracia, el pueblo puede expresar libremente sus puntos de vista, sus opiniones sin miedo, llevar sus preocupaciones a los gobernantes a través de los medios; así los gobernantes las conocen y toman decisiones para solucionarlas. Entonces, la libertad de expresión y la libertad de información son necesarias para el progreso económico y social, que debe llevar adelante un Estado administrado por líderes honestos y competentes.
La comunidad internacional ha considerado que la libertad de expresión y la libertad de información son de los más importantes derechos humanos, esenciales para que otros derechos humanos puedan ser realizados.
